En la mesa “Gobernanza que transforma: el nuevo rol de la autoridad en el transporte público”, autoridades de Jalisco, de la Ciudad de México (CDMX), Quintana Roo y Aguascalientes coincidieron en que la movilidad requiere nuevas fuentes de financiamiento y reglas de largo plazo.

La falta de subsidios, la ausencia de presupuestos etiquetados y la necesidad de crear nuevas fuentes de financiamiento, incluso mediante impuestos y mecanismos alternativos, marcaron la discusión de la mesa “Gobernanza que transforma: el nuevo rol de la autoridad en el transporte público”, realizada en el marco del 17 Congreso Internacional de Transporte.

Durante el encuentro, moderado por Jesús Padilla Zenteno, presidente fundador de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), autoridades de movilidad de Jalisco, CDMX, Quintana Roo y Aguascalientes advirtieron que el transporte público enfrenta una presión financiera creciente y que su continuidad no puede depender únicamente de la tarifa que pagan los usuarios.

Jesús Padilla Zenteno planteó como pregunta central cómo evitar que “muera el transporte público” y puso sobre la mesa los retos de operación, financiamiento, tecnología, tarifas y modelos de negocio que enfrentan los sistemas urbanos en el país.

En su intervención, Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte de Jalisco y presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, señaló que la creatividad de los gobiernos locales para financiar el transporte “ya no es opcional, es de supervivencia”.

“Si no buscamos fuentes alternativas de financiamiento y si no provocamos mayor eficiencia en el concesionario, tampoco nadie nos va a venir a regalar dinero por hacer algo mal”, reconoció, al plantear que el acceso a recursos públicos debe estar acompañado por modelos de operación más profesionales, eficientes y transparentes.

El funcionario advirtió que, si los sistemas no demuestran que cada peso público está bien utilizado, habrá cuestionamientos sobre el destino de los subsidios. “Si yo le pido al gobernador o al Congreso del Estado dinero para que alguien haga mal su trabajo, no sólo en la calidad de servicio, sino en el mal aprovechamiento de los recursos, pues nos lo van a negar”, expresó durante la mesa.

Señaló que los municipios deben asumir corresponsabilidad, especialmente porque muchas decisiones de desarrollo urbano generan nuevas necesidades de transporte sin que exista una obligación financiera vinculada a esos crecimientos.

En ese sentido, cuestionó que los desarrollos urbanos estén condicionados a servicios como agua, luz u otros componentes de infraestructura, pero no necesariamente al transporte público, lo que obliga posteriormente a los sistemas a extender rutas hacia zonas alejadas sin una fuente de pago suficiente.

La discusión también abordó el papel de los impuestos, derechos y aprovechamientos vinculados al uso de la ciudad como posibles fuentes para sostener la movilidad. Rafael Hernández Kotasek, director de Movilidad de Quintana Roo, explicó que en su estado se analizan mecanismos como foto multas, licencias, publicidad interior y exterior, compensación urbana y modificaciones a impuestos vinculados al visitante para dejar recursos anclados al transporte.

De acuerdo con Hernández Kotasek, uno de los aprendizajes de los procesos de modernización es que no basta con diseñar el sistema operativo, sino que deben dejarse aseguradas las fuentes financieras que permitan sostenerlo más allá de una administración.

“Dejar anclado el tema financiero era algo muy importante”, señaló al explicar que, en Quintana Roo, el objetivo es que la siguiente administración reciba no sólo el costo del sistema, sino también las fuentes de ingreso que permitan cubrir una parte relevante de su operación.

En la misma línea, Ricardo Serrano Rangel, coordinador general de Movilidad de Aguascalientes, señaló que los costos por el uso de la vía pública deben tener impacto directo en beneficio del transporte público, pues actualmente gran parte de la infraestructura urbana se destina al transporte privado.

“El transporte privado es el más subsidiado porque se les arreglan las calles y las vialidades se hacen para el transporte privado, cuando deberíamos pensarlas para el transporte público”, sostuvo.

Serrano añadió que la parte financiera es una de las cuatro patas indispensables del sistema, junto con la jurídica, técnica y operativa. Señaló que, si se busca un mejor servicio, se requiere más dinero y, sobre todo, fuentes permanentes que garanticen la operación de los sistemas de transporte.

Desde la Ciudad de México, Carlos Arturo González Gordillo, subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad, explicó que la actual administración busca construir modelos de transporte sostenibles por al menos 10 años, considerando tecnología, operación, calidad del servicio y experiencia de viaje para los usuarios.

El funcionario capitalino señaló que la movilidad requiere una visión de Estado y destacó que una de las principales respuestas frente al crecimiento de motocicletas, scooters y micromovilidad es ofrecer más y mejor transporte público colectivo, con alternativas seguras, eficientes, accesibles y de bajo costo.

El diálogo concluyó con coincidencias entre las autoridades participantes: el transporte público requiere subsidios suficientes, nuevas fuentes de ingresos, profesionalización de concesionarios, participación de municipios y una discusión pública menos politizada sobre tarifas e inversión.